SEMINARIO REGIONAL[1]

LA DEMOCRACIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS

VERDAD Y JUSTICIA BASES PARA LA RECONCIALIACION NACIONAL Y

CONSOLIDACIÓN DE LA DEMOCRACIA

​

 

DESARROLLO

A lo largo de estos tres días hemos escuchado una serie de intervenciones, todas ellas de singular importancia, sin embargo cabe hacer mención especial sin que ello desmerite el contenido de las mismas, el esfuerzo de los auspiciadores y coordinadores, para lograr tan amplia representatividad en este seminario regional.

Espero que la ponencia acerca de la VERDAD Y JUSTICIA COMO BASES PARA LA RECONCIALIACION NACIONAL Y CONSOLIDACIÓN DE LA DEMOCRACIA, que me corresponde desarrollar responda a ese esfuerzo e interés del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, la Unión Europea y el Ministerio de la Defensa Nacional, por impulsar la democracia, la seguridad y los derechos humanos en nuestro país.

                    La importancia del tema y el respeto al distinguido auditorio hacen ineludible entonces dar lectura a la ponencia que he preparado; la cual inicia con la breve descripción del escenario actual.

                    Es indiscutible que el reinicio del proceso democrático de 1986, la condena a los militares que trataron de derrocar al Presidente Marco Vinicio Cerezo Arévalo 1988 y 1989, la restauración del orden constitucional violentado decisión del Presidente Serrano, quién suspendió el funcionamiento del Organismo Legislativo, Judicial  y la Corte de Constitucionalidad; seguido de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996; fueron eventos importantes para el registro histórico de nuestro país, pero no fueron suficientes para superar los efectos de 18 años (1944-1962) de pugna entre ideologías extremas (izquierda-derecha), que finalmente enrumbaron al país en un nefasto enfrentamiento armado interno que tardó 34 años (1962-1996).  Etapa que también propicio el asesinato de lideres políticos de tendencia socialcristiana o social demócrata vistos por el vulgo como ideólogos afines el comunismo o punta de lanzas del marxismo, entre ellos hay que lamentar la muerte de Adolfo Mijangos, Fuentes Mohor y Manuel Colom,... por mencionar algunos. 

La derecha también aportó su caudal de víctimas en ese enfrentamiento fraticida, dejar de mencionar los nombres de Carlos Cheesmann, José Toron Barrios, Mario López Villatoro, Arnoldo Otten Prado... no solamente es ser injustos, sino también, lo es distorsionar la historia nacional.

El asesinato de estos lideres provocó, como bien lo visualiza el doctor Héctor Rosada (sociólogo militar a quien le comente el contenido de esta ponencia), en la siguiente frase  “estos crímenes vinieron a neutralizar la oportunidad de la creación de un espacio ideológico de centro, en donde pudieran haber convergido las tendencias moderadas y tal vez, evitado la parte más dura del enfrentamiento armado” Visión compartida por el Licenciado Alejandro Maldonado Aguirre (militante de derecha), para quien “Si no era la guerrilla la secuestradora, lo hacia la derecha conspirativa, que hacían irreconciliable cualquier entendido con las corrientes de la izquierda”[2]    

La mirada retrospectiva hacia el pasado nos sirve para inferir, que cada día que transcurre pareciera ser que se replican esos primeros 18[3] años de la historia contemporánea a partir de nuestro país. Debido en gran parte al control que antiguos miembros de la insurgencia tienen de la mayoría de grupos de derecho humanos y la cobertura que reciben de los medios de comunicación. O sea que la lucha armada fue sustituida por la agresión ideológica sustentada en las mismas causas reales o aparentes del enfrentamiento armado.

El escenario actual nos presenta algunas características que así los advierten; por supuesto que más de alguno no estará de acuerdo con ellas, pero no estarlo es positivo porque nos permitirá identificar aquellas que no han sido reveladas y promover su discusión seria.

Entre las particularidades relacionadas con el tema central de este seminario regional (Democracia, Seguridad y Derechos Humanos) están.

• Resurgimiento de pugnas ideológicas extremas entre miembros de las antiguas partes en conflicto

• La intensa búsqueda de la condena mediática por parte del grupo ligado a la izquierda versus la libre aplicación de la justicia.

• El cuestionamiento de la calidad moral de quienes aducen haber sido víctimas, que justificaron su actuar ilegal en las precarias condiciones socioeconómica y políticas del pasado

• El rechazo por antiguos militantes de los grupos armado del principio de inocencia normado en la Constitución

• La resistencia a aceptar la idea, que la verdad, no es la que cada uno de nosotros desea

• El interés por la institucionalización de la responsabilidad colectiva, objetando una visión similar de su contraparte

• La desconfianza de las partes antiguamente en conflicto hacia el sistema de justicia, no sólo por su mediocridad y corrupción sino también por su alto nivel de politización

• La constante denuncia mediática como instrumento  para ejercer presión hacia los juzgadores

Lo anterior es un argumento válido, para examinar la verdad y la justicia, que  debieran ser vistas como un binomio perfecto, porque es a partir de la certeza de que un hecho es verdadero, que el juzgador puede impartir justicia imparcialmente.  Sin embargo en la práctica esto no es posible, el problema  surge cuando se trata de establecer lo que es verdad de lo que no lo es. Ello ocurre con mayor frecuencia cuando se trata de explicar etapas históricas de un país, particularmente cuando este ha pasado por un conflicto armado internos o guerra civil, porque se pretende establecer la verdad a partir de la versión de quienes se consideran víctimas, desestimando que también fueron victimarios bajo la perspectiva de quienes en ese momento defendían la democracia constitucional de quienes violentamente trataron de sustituirla por otro sistema.

Esto ha construido una visión contaminada ideológicamente, en que pareciera ser que la verdad esta secuestrada  por las antiguas partes en  conflicto creando un cerco inaccesible para la justicia.  Pero quizás lo más grave es, cuando se esgrime esa verdad por quienes se consideran victimas, para alcanzar beneficios materiales, financieros o apuntalar intereses políticos. Mientras que los supuestos victimarios –las fuerzas de seguridad- la utilizan para señalar la culpabilidad de los primeros y desembarazarse de su responsabilidad.  Esta dicotomía, es difícil de superar a menos que se logre hacer realidad la  premisa propuesta por Martín  Luther King, acerca de que Tu verdad aumentará en la medida que sepas escuchar la verdad de los otros”

                    El tema de la justicia, es tan complejo como el de la verdad.  Su abordaje requiere de conocimiento teórico-científico y la experiencia de su ejercicio, pero como no se trata de crear una nueva teoría, sino de comentarla con la visión del  ciudadano común, que mejor que acudir a la definición de Ulpiano[4], para quien la justicia es «la voluntad constante y perpetua de dar a cada uno su derecho» Sin embargo el disfrute de esos derechos y la subordinación al imperio de la ley, es altamente riesgoso cuando el sistema de justicia sufre un constante deterioro como consecuencia del alto nivel de corrupción,  útil, no sólo para la mafia si no también para ciertos grupos con capacidad de utilizarlo en su beneficio.  Afirmación que no sólo tiene sustento en una experiencia personal, sino que también es confirmada por agrupaciones de la sociedad civil, como el Instituto de estudios comparados.[5]

La anterior afirmación se agrava con las recientes declaraciones del licenciado José Quezada magistrado de la Corte Suprema de Justicia, quien declaro públicamente que la corrupción en el sistema de justicia, es sistémica.

                    Podría continuar enriqueciendo con más información, referencias e incluso relatar mi vivencia personal acerca de la critica situación del sistema de justicia, que si bien es importante para definir el escenario presente, más lo es, encontrar una fórmula que nos permita confiar en que a futuro esta crisis será superada, aunque será difícil superar la desconfianza existente. 

¿Cómo encontrar la reconciliación y consolidar la democracia?

                    Quizás debemos preguntarnos, si en el pasado nuestro país vivía bajo un mínimo estado de conciliación o armonía.  Definitivamente no.  Los recientes descubrimientos acerca de la cultura maya así lo demuestran. A esto habrá que agregar los nocivos efectos sociales, económicos, políticos y culturales heredados del Descubrimiento (1502), la Conquista (25/07/1524) y la Colonización (1524-1821) del conquistador español, que no fueron superados con la independencia y que desafortunadamente aún perduran.  

Para lograr alcanzar estos ideales de conciliación y democracia, es entonces necesario despojarnos de actitudes confrontativas propias de los años de lucha  (1960), habrá que comprender que la justificación moral que sustento el alzamiento armado en 1962 tenía que colisionar con normativas constitucionales producto de la revolución del 1944 (Art. 32 Se prohíbe el establecimiento de congregaciones conventuales y de toda especie de instituciones o asociaciones monásticas, así como la formación y funcionamiento de organizaciones políticas de carácter internacional o extranjero)[6], y de las Constituciones de 1956 (Art. 23 Queda prohibida la organización o funcionamiento de todas aquellas entidades que propugnen la ideología comunista o cualquier sistema totalitario)[7] y 1965 (Art. 27 Es prohibida la formación y funcionamiento de partidos o entidades que propugnen la ideología comunistas o que por su tendencia doctrina, medios o acción o vinculaciones internacionales atenten, contra la soberanía del Estado o los fundamentos de la organización democrática de Guatemala)[8], que proscribieron la práctica de ideologías comunistas.  Suprimidos en la Constitución promulgada en 1986 (Art. 223 El estado garantiza la libre formación y funcionamiento de las organizaciones políticas y solo tendrán las limitaciones que esta Constitución y la ley determinen)

Fueron entonces los primeros 18 años de antagonismo ideológico, que catapultaron los restante 34 años de enfrentamiento armado interno tutelados por convicciones de carácter moral e in-satisfactores sociales, económicos y las precarias condiciones políticas  según la visión de los insurrectos, mientras que para las fuerzas de seguridad del estado fundamentaron su respuesta armada en la defensa del orden constitucional (<1945> Art. 149 ... El Ejército... sostener el cumplimiento de la Constitución y el principio de alternabilidad en la Presidencia; <1956> Art. Art. 180 El Ejército está instituido para salvaguardar el territorio y la soberanía e independencia de la nación y para la conservación de la seguridad interior y exterior del orden público. <1965> Todo lo anterior más es punible la organización o funcionamiento de milicias ajenas al Ejército de Guatemala y <1986 Art. 45.  Es punible la organización y funcionamiento de grupos armados no regulados por las leyes de la república y sus reglamentos>) ante una ofensiva de corte internacional sustentada en el enfrentamiento Este-Oeste.  Esta última razón aún se encuentra a nivel de hipótesis por algunos investigadores[9].

Segundo, es necesario dejar en manos del sistema de justicia la persecución penal de quienes en la buscada de hacer realidad sus convicciones se alzaron en armas y de aquellos miembros de las fuerzas de seguridad del Estado que dejaron de lado normativas[10] establecidas para evitar la comisión de delitos y el empleando métodos no ortodoxos en la defensa y seguridad del Estado guatemalteco.

Tercero consolidar los primeros pasos que se han dado en la búsqueda de la conciliación, si es que los Acuerdos de Paz pueden ser aprobados como un referente legítimo.  Esfuerzo que sólo dará sus frutos en la medida que identifiquemos los puntos de convergencia, que dejemos de justificar nuestra actuación en el enfrentamiento armado interno, que aceptemos que nuestra participación en el mismo fue de carácter circunstancial e impersonal, pero que ello no limita el hecho de sujetarnos al imperio de la ley.

Cuarto, tener la valentía de aceptar el debate serio sobre el tema y la continua búsqueda de la verdad histórica.  Con la convicción que la descontextualización de los hechos nos puede ubicar en una lectura arbitraria e ideologizada, que poco abona en beneficio del establecimiento de la verdad; pero, para estar seguros de contextualizar correctamente, es indispensable investigar con rigor científico y eso demanda tiempo, capacidad y recursos muy limitados en la actualidad y con mucha desconfianza acerca de los resultados. 

MAS QUE CONCLUSIONES ALGUNAS REFLEXIONES FINALES

La verdad histórica debe ser reconstruida por verdaderos especialistas y no sólo a través de nuestras reales o ficticias experiencias; hacerlo de esta manera, es continuar en el circulo vicioso de la justificación, por ello habrá que separar el hecho histórico de la técnica narrativa.  Ejemplos de esta práctica hay infinidad, pero es lo expresado por George Orwel acerca de la tan publicitada Guerra Civil Española que mejor se adaptada:”Creo que, con respecto a un acontecimiento como este, nadie puede ser completamente veraz.  Sólo se puede estar seguro de lo que se ha visto con los propios ojos, y, consciente o inconscientemente, todos escribimos con parcialidad” y la tesis del Doctor Héctor Rosada sobre el particular, para quien “Debemos reconocer que aún no estamos lo suficientemente maduros como para aceptar el reto de buscar una lectura objetiva y común de la verdad histórica; pero que lo peor que puede sucedernos como sociedad que busca identificar los errores de su pasado para no volver a repetirlos, es tratar de justificarse trasladando la culpa al otro”

La insistencia de mantener un enfoque descontextualizado de los hechos, se convierte en una limitante para construir un nuevo tejido social incluyente (clases) y pluricultural, que sirva de guía para que las generaciones nacidas en la década de los años 80 (jóvenes de 24 años) eviten en el futuro nuevas confrontaciones.  Habrá pues, que dejar de lado el repetido empleo de argucias y desinformación, para defender nuestros puntos de vista o tratar de persuadir o demostrar hechos cuya falsedad pasa inadvertida para el ciudadano común (argumento ad ignorantiam). La investigación histórica, tiene la responsabilidad de encontrar la verdad, producir conocimientos científicos y no la difusión coyuntural de relatos selectivos de quienes se consideran testigos incuestionables de los hechos acaecidos.            

 La historia nos ha demostrado que el tiempo propicia el espacio para encontrar la VERDAD, construir SISTEMAS DE JUSTICIA según el “deber ser” y por supuesto llevar a buen fin procesos de conciliación y consolidación de la democracia.  Ejemplos hay muchos, pero bien vale la pena mencionar los más recientes, como la  reunificación de Alemania en 1989; la triple alianza formada por Alemania, Francia y Rusia en contra de la invasión a Irak, países antiguamente enfrentados durante la Segunda Guerra Mundial; la reciente ampliación de la OTAN con Estados provenientes del ex Pacto de Varsovia.  Y que decir del caso guatemalteco, donde mayas afectados por los desmanes de los conquistares[11], hoy a 480 años de distancia acuden a las cortes españolas en busca de justicia.

                    Debemos aceptar que el surgimiento de la verdad es un proceso sin fin, cada minuto, cada hora, cada día que transcurre la verdad conocida se amplia, se rectifica o se destruye.  La presencia de nuevas evidencias y testigos así lo demuestran.

En cuanto a la justicia, sólo queda esperar que alcance un desarrollo ético-científico, que garantice  la justa interpretación de la ley y la valentía de los jueces para no emitir sentencias subordinadas a presiones sociales o políticas.

                    Debemos pensar y actuar con la idea que la construcción de una sociedad democrática requiere reducir la confrontación, sin desestimar y aceptar el juicio crítico; promover y profundizar el dialogo amplio consolidando los puntos de convergencia, con seriedad y responsabilidad en el cumplimiento de los compromisos contraídos; reconocer y respetar la existencia de que somos una nación pluricultural, pero que sería una aberración cultural pretender que debemos asumir ciertas costumbres y estar claros que la consolidación del sistema de justicia radica en el respeto del Estado de Derecho y en el Régimen de legalidad[12]  Esta premisas no admite razonamientos de carácter ideológico.

Quiero finalizar con una frase acerca de la democracia del columnista Catón de el periódico mexicano Cuarto Poder que viene al punto: “Nadie puede ser democrático sin reconocer la existencia de "el otro", es decir, de los demás, de sus derechos y del sitio que les corresponde ocupar en el escenario de la vida pública. Tal escenario debe ser muy amplio, tan amplio que los abarque a todos, aun a las minorías más menores, si me es permitida la expresión. La "otredad" implica la tolerancia, el respeto al adversario -que no enemigo-, la aceptación de la diversidad y el pluralismo, el debate racional de las ideas y, finalmente, la aceptación de la voluntad mayoritaria[13].     Antigua Guatemala, 23 de julio del 2004.

       Mario A. Mérida G.         

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]17/JULIO/2004

[2] Maldonado Aguirre Alejandro. 2004. Testigo de los Testigos. Guatemala. Piedra Santa. Pág. 211

[3] 1986

[4] Jurisconsulto romano. Asesor de Papiniano y prefecto del pretorio bajo Severo Alejandro, formaba parte del grupo de jurisconsultos cuyas opiniones se contenían en la «ley de Citas» y se imponían a los jueces romanos. Entre sus escritos destacan Comentario del edicto, De fideicommissis y De apellationibus, de los que sólo se conservan fragmentos.

[5] Prensa Libre. Página 10. Señalan deficiencias en M.P. Claudia Paz.

[6] Constitución promulgada el 14 de marzo de 1945. Página 457.

[7] Constitución promulgada el 2 de febrero de 1956. Página 414.

[8] Constitución promulgada el 15 de septiembre de 1965. Página  581

[9] Rouquié Alain. 1994. Guerras y paz en América Central. México. Fondo de Cultura Económica. Pagina 16 y 17

[10] Anexo “H” Plan Campaña Victoria 82

[11] 2004-1524=480 años

[12] Prensa Libre 9/marzo/2003. Pese a que la población tiene claro que el sistema legal del país es débil, pocos ciudadanos saben qué es y cómo funciona el estado de Derecho. Incluso, muchas personas creen que es sinónimo de estado de legalidad.  Como definición, el estado de Derecho es una situación de vida y de convivencia, el cual garantiza que las personas gozarán, de manera irrestricta, de sus derechos y libertades individuales, mientras que simultáneamente se protegen los de la colectividad, afirma la activista de derechos humanos Hellen Mack. “Debemos estar sujetos a los mandatos de la Constitución y ser respetuosos de sus disposiciones; las leyes y el funcionamiento de las instituciones estatales deben asegurar el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales del ser humano, garantizados en leyes nacionales e internacionales”, dijo.

[13] Catón. Columnista. Cuarto Poder. México